Los ministros jubilados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reciben, cada uno, una pensión anual neta cercana a 2 millones de pesos
CARLOS AVILÉS
El Universal
Lunes 11 de agosto de 2008
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Los ministros jubilados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reciben, cada uno, una pensión anual neta cercana a 2 millones de pesos.
Todos los ministros en retiro o jubilados gozan además de un chofer y de un auxilar vitalicio, con cargo a la SCJN, además de un aguinaldo de 40 días, un seguro de gastos médicos mayores e, incluso, el pago de comidas en restaurantes.
El máximo tribunal del país desclasificó una información que tenía como confidencial hace cinco años y dio a conocer la lista de los 35 ministros jubilados que reciben pensión.
Durante el tiempo en que la Corte mantuvo en secreto los nombres de los ministros jubilados, su pensión, por instrucciones del propio tribunal, pasó de 65 mil pesos a alrededor de 160 mil pesos mensuales netos.
En la lista de quienes gozan de la pensión y del resto de beneficios están al menos siete abogados que no tenían ni dos años como ministros, entre los que destacan el ex procurador general de la República Diego Valadés, y el ex fiscal del caso Colosio Miguel Montes.
También sobresale el caso de Victoria Adato Green, quien desde hace ocho años ocupa diversos cargos en la CNDH, en donde se desempeña y cobra como coordinadora del Programa de Asuntos de la Mujer, el Niño y la Familia.
Y el del ex diputado federal del PRD Miguel Ángel García Domínguez, quien mientras cobraba como tal en la anterior legislatura también recibió su pensión de ministro en retiro.
La Corte decidió revelar los nombres de los ministros en retiro y pensionados, al resolver favorablemente un recurso de reconsidaración que promovió este diario. En 2003, al entrar en vigor la Ley Federal de Transparencia, se solicitó el nombre de los ministros retirados junto con todos los beneficios que recibían, pero la información fue clasificada como confidencial, ese mismo año, primero por el Comité y después por la Comisión para la Transparencia y Acceso a la Información de la Suprema Corte.
En ese momento, el entonces presidente de la Corte, Mariano Azuela, y los ministros Sergio Aguirre Anguiano y Juan Díaz Romero, decidieron ocultar la información bajo el argumento de que eran datos personales y de que los ministros pensionados ya no eran funcionarios públicos ni existía algún vínculo laboral con ellos.
Después de cinco años, de la reforma al artículo 6 de la Constitución, y con nuevos ministros al frente de la Comisión para la Transparencia de la Corte, se solicitó la reconsideración de la clasificación de los nombres de ministros en retiro y la decisión fue favorable. Los ministros Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Genaro Góngora Pimentel, de manera unánime, decidieron revocar la anterior sentencia.
Silva, Cordero y Góngora concluyeron que si bien el nombre es un dato personal, en este caso se trata de información con valor público en tanto que interesa a la sociedad conocer el nombre de las personas que se desempeñaron en el cargo de ministros de la SCJN, y que reciben recursos del erario.
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