Sociedad de soplones
Eduardo Ibarra Aguirre
La impotencia frente al narcotráfico y el crimen organizado está generando medidas desesperadas de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y su gobierno, integrado por amigos y socios.
Una de las más riesgosas es el establecimiento de los lineamientos de la Procuraduría General de la República sobre el ofrecimiento y pago de recompensas hasta por 5 mil pesos por la información que los ciudadanos proporcionen para la investigación y el combate de delitos.
Instalado en la lógica de convertir a la ciudadanía en delatora de presuntos delincuentes --que lo mismo pueden ser familiares, vecinos o conocidos con los que se pretenda ajustar un diferendo personal--, Eduardo Medina-Mora Icaza, al estilo del Oeste del siglo antepasado y de la Drug Enforcement Administration, mejor conocida como DEA por sus siglas en inglés, del siglo XXI, oferta entregar hasta 10 millones de pesos a quien entregue información que conduzca a la detención de los autores materiales de los atentados de Morelia, Michoacán. De los autores intelectuales nadie se ocupa, como en los asesinatos de Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu.
La impunidad aquí, en México, es ley de leyes en la vida cotidiana. A nadie con capacidad de decisión en los poderes institucionales y fácticos –gigantesco monumento a los impunes-- le interesa combatirla. De lo contrario, buena parte de los integrantes de las elites dominantes estarían tras la rejas y faltarían celdas.
Contrasta la incapacidad intelectual y política de Calderón Hinojosa y su grupo para involucrar a la sociedad, a los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno --como lo demandó la Cámara de Diputados y olímpicamente fue ignorada, además de la exigencia de modificar la fracasada estrategia anticrimen--, con iniciativas que no comulgan con el peligroso plan en marcha de reducirnos a la triste condición de delatores.
Por ejemplo, Utopía recibió la propuesta para integrar la Guardia Nacional , formulada por un grupo de ciudadanos, como lo establece la Constitución que dice a la letra: “Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos: “III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional , conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos, e intereses de la Patria , así como la tranquilidad y el orden interior.”
Ignoro si es la medida más adecuada ante el desastre gubernamental en materia de seguridad pública que ya produjo la muerte de más de 6 mil mexicanos –erróneamente aquí se dio una cifra menor-- y el primer atentado con granadas en contra de inocentes.
Tengo claro que no existe la solución sino un conjunto de políticas y medidas que rebasan, y con mucho, los privilegiadísimos aspectos militares y policiacos. Pero la propuesta suscrita por un centenar de periodistas, académicos, diplomáticos, activistas sociales y políticos --como Fausto Cantú Peña, Lilia Cisneros Luján, Andrés Ruiz Furlong, María Gómez Rivera y José Antonio Guerrero--, buscará ser presentada al Congreso como iniciativa de ley.
No se avanzará en la Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, como gusta llamarle el economista y abogado quien, al decir de su odiado adversario Andrés Manuel López Obrador, “Le pegó a lo tonto un palazo al avispero y dejó a la gente en estado de indefensión”, mientras no se afronten social y económicamente lo que la Secretaría de Desarrollo Social denominó, en un estudio de 2003, “los feudos del narco”; en tanto no se involucre a toda la sociedad civil y la política; y como dice muy bien el obispo Raúl Vera López “acabando con las cabezas de los cárteles, pero también combatiendo a los políticos que los apoyan –y que Calderón empezó a descubrir el día 17-- y a los empresarios y banqueros que les lavan el dinero”.
Así de complejo. Así de claro.
Acuse de recibo
El diputado Humberto Morgan Colón denunció ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: “1.- En el discurso oficial, jamás como ahora ha estado garantizada la libertad de prensa y de expresión. Pero en la vida real se busca que el periodismo mexicano sólo sea una liturgia cortesana practicada por periodistas domesticados. El periodismo agudo, irreverente, respondón y honesto no forma parte de las prioridades del gobierno federal. El periodismo que se busca es uno diseñado para disimular, no para revelar. Todo aquel medio de comunicación que se sale del esquema paga un precio y resiente las prácticas punitivas del gobierno. Primero fue el semanario Proceso; después José Gutiérrez Vivó y su Monitor con 30 años de antigüedad; después el diario La Jornada y la revista Contralínea de Miguel Badillo. Siguió Carmen Aristegui con su noticiero matutino en la “W”, y ahora la revista Forum.”… El abogado Lamberto García Zapata, avecindado en Coatepec, Veracruz, pregunta “(…) con acciones represivas como la realizada contra Forum, Carmen Aristegui y otros medios y comunicadores ¿se puede hablar de libertad de prensa en México?”
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