Secretos del IMSS
Eduardo Ibarra Aguirre
Mil 371 contratos de subrogación de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, en particular de la estancia ABC, de Hermosillo, Sonora, en la que murieron 48 niños, son tratados por Daniel Karam Toumeh como si fueran de su propiedad.
Lo que debe ser información disponible para cualquier ciudadano interesado en consultarla por medio del portal del IMSS, pasó a convertirse en una suerte de secreto de Estado, con todo y que el Instituto Federal de Acceso a la Información la solicitó desde el 22 de junio.
La respuesta obtenida, de acuerdo a María Marván Laborde, se limitó a informar al IFAI que del total de guarderías concesionadas, mil 371 son subrogadas, 26 integradoras, ocho de trabajadores del IMSS, una participativa, 134 ordinarias y 13 para los hijos de obreros agrícolas.
Justamente en la víspera de cumplirse el primer mes del infanticidio que enlutó a muchos hogares hermosillenses y puso en movimiento a una ciudadanía que ya no tiene confianza en los titulares del Ministerio Público federal y estatal, el economista y administrador que dirige al IMSS, se niega a entregar el listado que exigen, además, todos los partidos a excepción, por supuesto, del más que triunfalista Acción Nacional, y organizaciones civiles promotoras de los derechos humanos.
En el colmo de la opacidad y la burla, los directivos de la comunicación del IMSS remiten a los reporteros a obtener información sobre las guarderías "exclusivamente por medio de una entrevista con el director general", y en la oficina del funcionario responden a los colegas: Karam Toumeh "no agenda a medios".
La cerrazón del funcionario llegó al punto de que su partido lo tuvo que proteger para que no compareciera ante los diputados previo a la jornada comicial y obligó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a exigirle que sin "excusa ni pretexto" publique la lista de los beneficiarios de las subrogaciones, en las que se presume abundan prominentes panistas y de los que se desmarcó Martha María Sahagún Jiménez. Los negocios de la señora, ciertamente, son de otra naturaleza y dimensión.
Todo ello levantó suspicacias entre legisladores y suponen que se trabaja a marchas forzadas en las oficinas centrales del IMSS para depurar el listado de los concesionarios, además de que "se infló el número de menores atendidos", lo que confirma la existencia de "niños aviadores".
La intransigencia de Karam, muy parecida a la de los gobernantes de facto de Honduras, contrasta sobremanera con el oportuno aviso a los derechohabientes sobre que sus pensiones "se incrementarán sensiblemente" y "por iniciativa del Lic. Felipe Calderón Hinojosa".
Muy oportuno también es el compromiso presidencial, formulado en Ciudad de Panamá y no en México, de que los culpables serán llevados a la justicia, "caiga quien caiga, y tope donde tope, sin distingos de ningún tipo, ni de relaciones políticas, parentesco o filiaciones partidistas". La frase es buena, efectista, pero en todo caso es la obligación de las autoridades.
Los tercos hechos revelan lo contrario y desmienten al abogado y economista.
Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, por ejemplo, demostró que sus tempranas presunciones sobre que "nadie irá a la cárcel" se convierten en tesis ministeriales al concluir que se cometieron "delitos no graves", materia que debe dictaminar un juez y no un subordinado de la Presidencia de la República.
Por su parte, los titulares del Ejecutivo sonorense y federal armaron en torno al infanticidio una estrategia con fines electorales para salir lo mejor librados. Y desbordado como es Germán Martínez Cázares declaró triunfador a Guillermo Padrés Elías, candidato panista a gobernador.
Todas las conductas enlistadas desnudan la falta de correspondencia entre el discurso y la práctica políticas de los funcionarios gubernamentales y partidistas.
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