En una semana, el coloso del gabinete de Felipe Calderón se colapsó. El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, reconocido, respetado, sólido en sus posiciones, vio evaporado su prestigio al entrar en una espiral de declaraciones contradictorias por la pérdida de casi 10 mil millones de dólares de las reservas, y una devaluación del peso que en sus peores momentos llegó a tasarse en 14 por dólar, perdiendo la fuerza construida por meses. La compra masiva de dólares el viernes antepasado fue producto de que empresas que habían protegido sus posiciones financieras en el mercado cambiario, fueron acusadas por Carstens. Sin mayores preámbulos ni provocaciones, desde Washington, donde acudió a la reunión del Fondo Monetario Internacional, acusó a un grupo de empresas de realizar operaciones especulativas para beneficiarse, ocasionando así la caída del peso la semana pasada. “Es un problema de orden especulativo y nos vamos a cerciorar de que todas las reglas se siguieron”, dijo.
Por reglas se refería a la obligación de las empresas que cotizan en bolsa de informar a sus accionistas sobre las inversiones que mantienen en divisas o acciones en los mercados de derivados, que es un instrumento financiero donde las empresas comparten riesgos.
El lunes creció la molestia. Lejos de corregir la declaración, bastante heterodoxa para un secretario de Hacienda, la ratificó. Más aún, identificó a una de las empresas, Comercial Mexicana, la única compañía que ha enfrentado a la gigante de tiendas de autoservicio Wal-Mart, como especuladora y coautora en la caída del peso.
Varios empresarios discutieron el lunes por la mañana las declaraciones de Carstens, y lamentaban que en momentos en que el presidente Calderón estaba pidiendo la unidad para enfrentar los diversos problemas nacionales, su secretario de Hacienda disparara contra ellos. “Los neoliberales de verdad dicen que Carstens, es un buen político”, dijo un estudioso de la opinión pública que trabajó en las administraciones de Salinas y Zedillo.
Pero tampoco, por la escalada en la beligerancia y las reacciones, Carstens mostró cautela política. Las empresas comenzaron a reaccionar. Ni comprar dólares ni utilizar “derivados” es un delito. Funcionarios de Hacienda siguieron calentando el ambiente al sumar nombres al de la Comercial Mexicana, como presuntos responsables de una ilegalidad, mencionando a Cemex, Gruma, Grupo San Luis y Vitro.
El calor comenzaba a llegar rápidamente a Carstens, quien en una entrevista radiofónica pareció frenar lo que había desatado. “No quisiera hablar de nombres, porque además me recordó el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que una vez que ya se echó a andar un proceso de investigación, no se puede dar información”, afirmó el funcionario.
El 14 octubre, la CNBV informó que se seguirá la investigación sobre las empresas que participaron con derivados. “Sabemos qué tenemos que buscar y en dónde”, aseguró su presidente, Guillermo Babatz, quien se comprometió a que la indagación de las empresas señaladas por Carstens se realice de manera eficaz y rápida, aunque —aclaró— puede llevar hasta dos años.
En paralelo, Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, consideró en otra entrevista que en el tema de derivados, los bancos de inversión que aceptaron como contraparte en las operaciones “a una empresa que no tiene nada que ver con el tipo de productos que estaban operando, pues ahí me parece que hay una falta de profesionalismo”.
Ortiz se refería a la Comercial Mexicana, aunque nunca la mencionó por nombre, provocando una mayor polarización política con el sector empresarial. Ese mismo día respondió el sector empresarial. Ricardo González Sada, presidente de Coparmex, al explicar que el entorno de incertidumbre generado por la crisis hipotecaria en Estados Unidos “llevó a empresas a cubrir sus pasivos en dólares”.
Al mismo tiempo, las empresas empezaron a documentar en los medios que contrario a lo que indicaban las autoridades, sí habían informado a sus accionistas de las operaciones en el mercado de derivados. De hecho, los estados financieros que probaban su dicho pordrían consultarse abiertamente en internet.
En la subida de la molestia contra Carstens, el Consejo Coordinador Empresarial externó: “Es inaceptable responsabilizar al sector empresarial de prácticas especulativas en el mercado de divisas”. Las autoridades hacendaris respondieron ubicando a directores y auditores en las empresas acusadas, como probables responsables de un delito financiero y la posibilidad de que se les acusara por una pena máxima de 10 años de prisión.
En 72 horas, el clima de entendimiento entre el gobierno y los empresarios se había modificado.
Carstens mantuvo una comunicación intensa con Los Pinos para trazar una rápida estrategia de control de daños, pero había un evidente dislocamiento. Comunicó a Los Pinos que el miércoles por la tarde emitiría un comunicado rectificando su posición. Pero el día terminó sin esa comunicación.
La reacción empresarial provocó que las autoridades financieras bajaran la intensidad de sus críticas. Primero, el gobernador del Banco de México declaró en entrevista en radio que no hubo un ataque especulativo contra el peso, contradiciendo por completo a Carstens.
Un día después, el jueves 24, la Secretaría de Hacienda reculó por completo al emitir un comunicado en el cual reiteró que las operaciones con instrumentos derivados no estaban prohibidas por la ley y no es esto lo que investigaba la CNBV. “La investigación no se trata de una acusación al sector empresarial”, dijo la dependencia.
Menos de una semana tomó la posición extrema del secretario de Hacienda en girar al otro extremo. ¿Qué sucedió realmente? Lo único que está claro es que queda una enorme confusión e interpretación sobre la Ley del Mercado de Valores y que los funcionarios calderonistas fueron atropellados en sus contradicciones.
Al final, la acusación original de Carstens, que su especulación en el mercado de cambios provocó la caída del peso, no sólo nunca fue probada, sino fue desmentida inclusive por el mismo responsable de haber desatado la polémica. “Se tardó mucho el secretario en explicar”, dijo un colaborador del presidente Calderón. “Pero creo que todavía fue a tiempo. Creemos que se recuperará”.
