Interesante artículo que hace eco de lo que hace meses vimos frecuentemente en la prensa de Estados Unidos en el sentido que México esta perdido como país y la verdad creo que sí, habrá que refundarlo.
En los casi tres años desde que el presidente Felipe Calderón lanzó una guerra contra cárteles de la droga, las ciudades fronterizas en México se han convertido en salas de espejos donde nadie sabe quién está en qué parte o qué comentario casual podría conseguirle asesinado. Unas 14.000 personas han sido asesinadas en ese tiempo-la peor matanza desde la Revolución Mexicana, y parte del país está efectivamente bajo la ley marcial. ¿Es esta la evidencia de un golpe de Estado servil por los militares? Una guerra entre cárteles de la droga? Entre el presidente y su oposición? O sólo daños colaterales de la (apoyado por Estados Unidos) la guerra contra las drogas? Nadie lo sabe: México es que los hechos, como las personas, simplemente desaparecen. Las apuestas para los EE.UU. son altas, especialmente en la perspectiva de un estado fracasado en nuestra frontera sur empieza a parecer demasiado real.
por Philip Caputo
Pobre México. Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos.
-Porfirio Díaz, dictador de México desde 1876 hasta 1880 y de 1884 a 1911
Esas famosas palabras vino a la mente cuando otro hombre llamado Díaz me ofreció una observación igualmente concisa acerca de las realidades de la vida en el país hoy: "En México es peligroso decir la verdad. Es incluso peligroso para conocer la verdad ".
Su nombre completo es Fernando Díaz Santana. Se organiza dos AM-noticias de la radio-y-muestra el comentario en la ciudad de Chihuahua pequeño de Nuevo Casas Grandes. Un hombre fornido, de rostro ancho de mediana edad, se proyecta un aire de cordialidad, franqueza e inteligencia. Como me dice que es peligroso hablar ni saber la verdad, el medio triste, medio disculpa expresión de sus ojos deja claro que prefiere no mantener la boca cerrada y su mente cerrada.
Ha recibido mensajes de texto de los oyentes le advirtió que tuviera cuidado con lo que dice en el aire. Él toma en serio estas advertencias amistosas, falta de atención, puede traer una sentencia de muerte como el impuesto a Armando Rodríguez, un periodista de la delincuencia asesinado por un pistolero no identificado en noviembre de 2008 en Juárez, la ciudad fronteriza a través del Río Grande de El Paso , Texas. El temor de sufrir una suerte similar es un poderoso incentivo para la auto-censura, la formación de un espíritu curioso por naturaleza para adquirir la ignorancia.
"Así que ahora nos dan sólo los hechos objetivos", dice Díaz, sentado frente a mí en una habitación tapada, ventanas traseras de la estación de radio, en el distrito central de negocios de Nuevo Casas Grandes. Da Él y el co-presentador de su programa de tarde, David Andrew (se pronuncia veed An-carro-oo), explica que los "hechos objetivos" son los comunicados por la policía o el ayuntamiento o alguna otra fuente oficial. Aunque la exactitud de tales hechos es a menudo cuestionable, no se atreven preguntas que se le pida. "Nosotros le decimos nada más", añade Díaz. "Mientras no nos profundizar demasiado en una historia, estamos seguros".
Me acuerdo de Winnie Verloc, el personaje de Joseph Conrad, El agente secreto que "sentía profundamente que las cosas no están mucho mirando".
Más de 14.000 personas han muerto en los casi tres años desde que el presidente Felipe Calderón movilizó al ejército para luchar contra un medio de México, docenas de carteles de la droga más importantes. Prácticamente ninguno de estos homicidios ha sido resuelto, en parte porque los testigos sufren pérdida de memoria a corto plazo cuando se les pregunta, y en parte porque la policía, por diversas razones, también se sienten profundamente que las cosas no están mucho estudiando.
La muerte de Rodríguez es ilustrativo. Sus colegas creen que fue asesinado por un artículo que escribió que une los familiares de Patricia González, el abogado del estado de Chihuahua en general, para el tráfico de estupefacientes.
Eso no es ociosa la teorización. Jorge Luis Aguirre, un escritor de LaPolaka.com, un servicio de noticias en línea Juárez, ha escrito extensamente acerca de la corrupción en el gobierno del estado de Chihuahua, y no perdonó a González. En la noche del 13 de noviembre de 2008, cuando se dirigía a raíz de Rodríguez, recibió una llamada en su teléfono celular. La persona que llama hombre dijo: "Tú eres el siguiente, el hijo de puta!" Y colgó.
Aguirre inmediatamente las maletas a su esposa e hijos y huyó a El Paso, donde solicitó asilo. En marzo, testificando en una audiencia de los EE.UU. Subcomité Judicial del Senado sobre la delincuencia y las drogas, declaró que había identificado la fuente de las amenazas:
"Víctor Valencia, representante del gobernador del estado de Chihuahua, había enviado para advertir a la gente que me 'bajar el tono de" mis críticas del fiscal, Patricia González, porque si no, él iba a matarme, utilizando método preferido para el cártel de Juárez de secuestro seguido de la ejecución ".
Las consecuencias revela mucho sobre el México de hoy. Patricia González permanece en su puesto. Víctor Valencia ha sido ascendido a jefe de seguridad pública en Juárez. El subprocurador federal encargado del caso de asesinato Rodríguez, Jesús Martín Huerta Yedra, fue muerto a tiros en su automóvil, junto con su secretaria. La investigación ha ido a ninguna parte, para sorpresa de nadie. Como el periódico El Diario en su editorial,
Amigos de la periodista, que prefirió no dar sus nombres por razones de seguridad, mencionó que no se sienten frustrados por la falta de avances en el caso, ya que desde el principio, consideraron que las autoridades no tenían intención de hacer nada para aclarar la delincuencia.
Para aclarar el crimen. De las muchas cosas que México carece en estos días, la claridad es en la parte superior de la lista. Es peligroso saber la verdad. Encontrarla es frustrante. Declaraciones de EE.UU. y funcionarios del gobierno mexicano, repetida por un medio de comunicación que prefiere líneas de la historia simple, han fomentado la impresión en los Estados Unidos que el conflicto en México se encuentra entre los sombreros blancos de Calderón y sombrero negro los sindicatos del crimen. La realidad es mucho más complicado, como lo sugiere este dato: de los 14.000 muertos, menos de 100 han sido soldados. Es de suponer que las bajas del ejército sería mucho mayor si la guerra fuera tan sencillo como a menudo se pretende.
¿Qué, entonces, las cuentas de la matanza, la peor que ha sufrido México desde la revolución, hace un siglo? Para estar seguros, muchos de los muertos han sido los criminales del cártel. Algunos murieron en combates con el ejército, otros en las batallas entre los cárteles por el control de las rutas de contrabando, y otros en las luchas de poder dentro de los cárteles. La cifra incluye más de 1.000 agentes de policía, algunos de los cuales, según informes de la prensa mexicana, fueron ejecutados por soldados por supuestos vínculos con traficantes de drogas. Por el contrario, varios de los soldados caídos podrían haber sido asesinados por policías pluriempleo como sicarios del cartel, a pesar de que no puede ser probado. Mientras tanto, grupos de derechos humanos han acusado a los militares de desencadenamiento de un reinado del terror, la realización de las desapariciones forzadas, detenciones ilegales, actos de tortura y asesinatos, no sólo para luchar contra la delincuencia organizada, sino también para eliminar a los disidentes y otros agitadores políticos. Lo que comenzó como una guerra contra el tráfico de drogas se ha convertido en una guerra civil de baja intensidad, con más de dos partes y no sombreros blancos, sólo sombras de color negro. El ciudadano mexicano común-no sabe quién tiene qué lado, o que está luchando por quién y por qué razón-se refugia en un mundo privado donde se hace voluntariamente ciegos, sordos, y sobre todo, tonto.
Lo que nos lleva de nuevo a Fernando Díaz y su rechazo de la verdad.
He venido a verle a la sugerencia de Emilio Gutiérrez, quien huyó a los EE.UU. porque los oficiales del ejército le amenazó de muerte. Durante una entrevista en su escondite al norte de la frontera, Gutiérrez me habló de un misterioso suceso que tuvo lugar el 12 de febrero de 2008. Equipos de hombres armados, que viajaban en camionetas y camiones de recogida y descrita por los testigos como "vestidos de soldados", arrasó en Nuevo Casas Grandes y seis comunidades vecinas, entre la medianoche y el amanecer, el secuestro y la ejecución de personas.
Los convoyes cubierto 170 millas en total, llegando a los puestos de control militar sin trabas. En Nuevo Casas Grandes, los "comandos armados", como fueron llamados por los medios de comunicación mexicanos, prendieron fuego a la casa de un subcomandante de la policía y le disparó a muerte como él salió corriendo. Otras dos personas, uno de ellos el tío de un traficante de narcóticos de nivel medio, también fueron ejecutados. La prensa informó de que 14 más fueron secuestrados, pero el número real se creía que era mucho más alto. Todas las víctimas, excepto dos, que al parecer fueron secuestrados por error y liberados más tarde, desaparecieron sin dejar rastro.
Gutiérrez, un reportero en la oficina de El Diario Ascensión, cubrió la operación. De lo que había visto con sus propios ojos y de entrevistas con testigos presenciales, llegó a la conclusión de que los autores estaban vestidos como soldados por la sencilla razón de que eran soldados. Una operación de esa escala, razonó, no podría haber sido llevada a cabo por bandas de pistoleros apresuradamente: se requería una planificación minuciosa, la inteligencia precisa, la disciplina y la coordinación. Tampoco podía pistoleros han impulsado a través de retenes del ejército sin ser detenidos. Si el ataque no fue militar, debe haber sido llevado a cabo con la cooperación del ejército.
Eso no fue lo que Gutiérrez informó, sin embargo. Me dijo que su jefe, José Martínez Valdez, el editor de las ediciones de El Diario en el noroeste de Chihuahua, le dio instrucciones de "no causar problemas por escrito que se trataba de militares." Silencio de Gutiérrez no ganó él todos los puntos con el ejército. Cinco meses más tarde, se le advirtió de que el ejército iba a matar a él, y él se vio obligado a abandonar el país.
¿Pero por qué, me preguntó, que los soldados merodean el campo en un asesinato-y-ola de secuestros? Me contestó que el ataque no fue parte de la guerra del gobierno mexicano sobre los cárteles de la droga, sino una lucha entre dos poderosos carteles: la organización de Juárez, encabezado por Vicente Carrillo, y la Federación de Sinaloa, cuyo jefe, Joaquín "El Chapo" Guzmán, es el hombre más buscado en México. Gutiérrez dijo que en este caso los hombres armados, quienes quiera que fuera, había sido cuando la gente pensó que estaban trabajando para el cártel de Juárez.
"Es un secreto a voces en México", dijo, "que el ejército está combatiendo a los [Juárez] cartel para debilitarlos y allanar el camino para Guzmán."
Secreto a voces o no, una acusación de que los soldados pueden haber actuado en nombre de un capo de la droga necesita ser motivada. Después de todo, la lucha contra el narcotráfico de Calderón estrategia se basa, con el apoyo de EE.UU., casi exclusivamente en los militares.
Con una breve lista de contactos proporcionada por Gutiérrez, mi intérprete, Molly Molloy, y entrar a México a través de la frontera con Palomas y el cruce hacia el sur en el desierto de Chihuahua. Acabo de estar en Juárez y siento aliviado de no ser que se remonta a esa ciudad fronteriza industrializados totalmente sin encanto en el mejor de los tiempos, y estos están lejos de sus mejores momentos. Principal producto de Juárez ahora es el cadáver. El año pasado, la violencia del narcotráfico se cobró más de 1.600 vidas, y la cifra de los primeros nueve meses de este año se disparó más allá de 1800, y monta todos los días. Eso hace que Juárez, 1,5 millones de habitantes, la ciudad más violenta del mundo. Dos líneas de graffiti resume un lugar donde no sólo la ley y el orden, sino la propia civilización se ha roto: PIDE Mi ciudad clemencia en su demencia ( "Mi ciudad pide clemencia en su locura"), y Mi ciudad es un negro lamento un aullido infinito ( "Mi ciudad es un negro lamento, un aullido eterno").
Nuevo Casas Grandes se encuentra en una meseta cerca de un valle fértil vaquero y campesinos de los países donde el ganado pasta en los rangos de desierto y los huertos de manzana y de nuez forma filas ordenadas en las afueras de la ciudad. La ciudad en sí, con unas 51.000 personas, se sabe que arqueológicamente mente los turistas por su proximidad a Paquimé, el sitio de las ruinas de pueblo antiguo. Parece próspera por las normas del interior de México, con amplias calles, algunos hoteles y restaurantes decentes, un aeropuerto, y la venta de varios concesionarios de automóviles Ford y los vehículos todo terreno y otras marcas conocidas. Si no fuera por todas las placas de México, me podía creer que estábamos en una ciudad en el suroeste de Estados Unidos.
Nuestra primera llamada en las oficinas de El Diario, ubicado en una villa blancas en la calle principal. Molloy y yo estamos con la esperanza de reunirse con José Martínez Valdez, quien es ex editor de Gutiérrez, y el director de noticias, Valdovinos, Víctor. Ellos pueden responder a algunas de nuestras preguntas y proporcionar las introducciones a los funcionarios de la ciudad. Sin embargo, los repetidos intentos para ver Martínez no tienen éxito-se las arregla para esquivar toda la tarde. Hacemos llegar a un público muy breve con Valdovinos. Cuando le decimos lo que estamos allí para, se estremece y dice, "Usted no quiere hablar conmigo", y luego se desvanece.
Eso deja a Fernando Díaz, a quien encontramos en la estación de radio, mientras él y David Andrew concluir su espectáculo por la tarde. Ellos están dispuestos a hablar con nosotros, y entramos en la habitación de atrás. Andrew, un corpulento, 30-ISH hombre con el carbono denso pelo negro, cierra la puerta, ya sea para amortiguar el ruido del exterior o para asegurarse de que nadie escucha nuestra conversación.
En México los mexicanos tienen para vivir, Díaz comienza, la vida es "muy duro, muy mal", una declaración que pone de relieve con una estadística: el año pasado, 115 homicidios fueron cometidos en Nuevo Casas Grandes y sus alrededores. Que funciona a una tasa de homicidios de más de 20 veces superior a la ciudad de Nueva York.
Es en este momento que hace su comentario acerca de los peligros de hablar o conocer la verdad. Empiezo preguntando sobre el incidente de febrero de 2008, pero Díaz y su colega más joven, no están dispuestos a hablar de ello.
Yo no llegar a ninguna parte, aunque Díaz pone en duda la afirmación de Gutiérrez de que el ataque fue una operación militar. Todo esto habla de abusos de derechos humanos por el ejército es "un mito", insiste Díaz. De hecho, es animado que un batallón del ejército ha estado haciendo rondas para reforzar la seguridad en Nuevo Casas Grandes: "Estamos abandonados y desprotegidos aquí en el noroeste de Chihuahua. Es un deseo muy grande de que los soldados traerán la paz. El ejército es el único grupo que puede confiar. ", Y añade a modo de ilustración de que varios sicarios, asesinos profesionales, como son llamados en México, fueron arrestados y confesaron haber matado a 19 personas en la ciudad.
Dos de los sicarios, Andrew interviene, son sus vecinos: "Uno de ellos trabajaba en un lavadero de autos, el otro era un desertor del ejército." Otros dos resultaron ser los vendedores de auto-"los chicos buenos en el día, los asesinos por la noche, "Díaz dice, como si estuviera expresando más de un remolque para el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. "Usted está hablando a mí, un locutor de radio, pero no se puede estar seguro de que no soy un sicario", agrega Díaz. "Dices que eres un periodista estadounidense, pero no sé que usted no es un sicario. No se puede confiar en nadie. "No parece darse cuenta de que contradecía su observación anterior de que sólo el ejército puede confiar.
La pregunta es, ¿puede el ejército de confianza, y en caso afirmativo, ¿puede ganar esta última y más grande batalla en la guerra interminable "de las drogas"? Calderón ha desplegado más de 45.000 soldados (de una fuerza total de 230.000) en todo el país. De esa cifra, unos 7.000, reforzados por 2.300 policías federales, ocupan Juárez, como parte de la Operación Conjunta Chihuahua, la Operación Conjunta Chihuahua. El ejército ha asumido todas las funciones policiales. La ciudad está bajo la ley marcial no declarada.
Aunque a muchos ciudadanos mexicanos que saludar la intervención del ejército, la certeza de que las cosas serían mucho peores sin él, la aprobación ha sido mucho de ser universal. Las denuncias de abusos graves de las fuerzas armadas, detenciones ilegales, desapariciones, robos, violaciones y asesinatos-han aumentado seis veces en los últimos tres años, según Human Rights Watch. Ciento setenta y se han presentado denuncias solamente en Chihuahua, dice Gustavo de la Rosa, el Defensor del Pueblo del Estado de Chihuahua, el ex Nacional de México, Comisión de Derechos Humanos.
Dejando de lado la cuestión de si la militarización de la lucha contra el narcotráfico campaña es la mejor manera de hacer las cosas (una estrategia similar en Colombia ha sido un éxito sólo parcial), el hecho es que, al destruir la confianza pública en las fuerzas armadas, la mala conducta militar socava todo el esfuerzo, como he aprendido de una de 50 años de edad, mujer de limpieza que ahora vive en Arizona y que pidió permanecer en el anonimato. Ella fue a visitar a su tía en Juárez en diciembre pasado, cuando los soldados irrumpieron en la casa de un vecino, alegando que estaban buscando a un sospechoso.
"Ellos no dicen que," la mujer me dijo. "Le arrancaron de su casa aparte, tomó sus joyas y su dinero, y dijo que si ella se quejó de lo que han hecho que iban a volver y matarla. Las personas tienen más miedo de la policía y los soldados que son de los narcos, porque son muy significa-no todos los chicos, pero muchos ".
El temor va más allá de soldados indisciplinados corriendo frenéticamente. En una entrevista, De la Rosa me dijo que el presidente, elegido en 2006 por un margen tan delgado como una tarjeta ATM, gritó el ejército no sólo para luchar contra los cárteles y de eliminar una amenaza a la soberanía nacional, sino para consolidar su poder y conferir la legitimidad de su presidencia. "Calderón quiere mostrar al Congreso que los militares están con él", dijo De la Rosa. "Y el ejército prometió apoyar Calderón a cambio de que se les permite salir de los cuarteles, porque el ejército quiere gobernar. Chihuahua es un experimento. ¿Qué está pasando aquí es, en esencia, un golpe militar, un golpe de estado regional ". Para apoyar esta afirmación, citó un cambio que ha tenido que hacer en su propio trabajo. En circunstancias normales, sería presentar denuncias de abusos con el gobernador del estado, pero ahora, dijo, "el gobernador es ineficaz, así que tengo que ir al General Felipe de Jesús Espitia, el comandante de la 5 º Distrito Militar".
Yo estaba un poco incrédulo de que los militares estaba preparando un golpe de Estado servil. ¿Con qué fin? , Le pregunté.
De la Rosa se encogió de hombros. "En realidad, nadie sabe o entiende lo que el ejército está haciendo," él respondió, un poco de cobertura. Luego, afirmó que el ejército no tiene la intención de acabar con el tráfico de drogas, sino a "control" de ella. "Así que ahora si el cartel de la droga quiere mover la droga en los EE.UU., que iban a ir? Para el gobernador? No, a lo general. "(El Universal, el periódico más grande de México, informó en septiembre que de la Rosa, había recibido amenazas de muerte por el ejército, aparentemente debido a sus fuertes críticas, las fuentes me han dicho que ha tomado refugio temporal en los EE.UU.)
Como de la Rosa, sugirió, hay una triste historia de la colusión entre las fuerzas armadas y la delincuencia organizada. A finales de 1980, el secretario de Defensa de México fue sorprendido vendiendo protección a tres organizaciones de la droga, que le pagó un total de $ 10 millones. En 1997, el jefe de México contra el narcotráfico oficial fue acusado de proporcionar el cártel de Juárez con la droga clasificados de ejecución información a cambio de millones de dólares en sobornos. En un ensayo de 2001 en el Journal of Contemporary Justicia Penal, un criminólogo de la Universidad de Texas, Patrick O'Day, citó varios casos de soldados mexicanos "guardar los envíos de estupefacientes y su transporte a Estados Unidos en vehículos militares o por otros medios. Estas operaciones eran tan amplias y se prolongó por tanto tiempo que O'Day concluyó que el ejército era un cártel en sí mismo.
Pero hagamos el supuesto riesgo de que el ejército de hoy en día ya no está involucrada en el tráfico de drogas. La creencia de que es la explotación de un gobierno débil para imponer los intereses más allá de su misión declarada es generalizada, y no sin razón. Si bien muchos de los crímenes presuntamente cometidos por las fuerzas armadas parecen ser los actos aislados de soldados renegados, otros pueden ser parte de una campaña dirigida a tres posibles objetivos.
Uno de los objetivos es loable-para obtener información sobre el tráfico de drogas. El problema es que las palabras, en el de la Rosa, "el ejército de técnicas de investigación son el secuestro y la tortura". Pero de acuerdo a Cipriana Jurado, un sindicalista veterano y damas activista de derechos, el ejército tiene otro propósito: tratar de sofocar la disidencia, se , dijo, citando a las numerosas detenciones de los agitadores políticos. Y, como el caso de Gutiérrez, indica, los generales también pueden tratar de reprimir a la prensa irresponsable de México.
En la búsqueda, hablando mucho menos, la verdad sobre lo que el ejército está haciendo, a menudo se topa con la paradoja de la realidad mexicana: algo terrible sucede y se trata como si no hubiera ocurrido. Los hechos, como las personas, simplemente desaparecen.
Lo experimento a mí mismo como yo visita de las ruinas de una droga Juárez-centro de rehabilitación con mi amigo Julián Cardona, un fotógrafo y corresponsal de Reuters. La clínica de rehabilitación en dos destartalado edificio en una calle de tierra llena de ceniza chozas de bloque, los coches viejos, y los autobuses de abandono. Un viento golpeó con arena urbana que se siente más sucio que el polvo del desierto pieles de nuestros rostros al entrar en el patio rectangular cubierto de escombros, las paredes excavadas por los agujeros de bala. Habitaciones pequeñas de plomo del patio, cada uno con una frase pintada a mano por encima de su puerta de cocina-Cocina, Sala de Juntas de sala de reuniones, D-Tox, que no precisa traducción.
Entramos en la sala de reuniones. Velas cuneta en frascos de vidrio dispuestas alrededor de una imagen de Jesucristo, apoyada en una esquina. Las paredes están salpicados de agujeros de bala y salpicada de sangre seca. Cardona me dice lo que pasó aquí en una tarde de Miércoles, 13 de agosto 2008, como un pastor de la Asamblea de Dios llamado Socorro García y su diácono, Joel Valle, llevó a cabo un servicio para los pacientes. Después de que ellos y unos 20 adictos se reunieron en la sala de reuniones para cantar himnos y mantener un servicio de oración, García tomó el podio para el llamado altar. "¿Hay alguien aquí que era un cristiano en el pasado", le preguntó, "pero que cayeron en las drogas y que quieren reconciliarse con Dios?" Varios pacientes levantaron la mano. García convocó a ellos.
Afuera, una camioneta Ford llevar a un destacamento de paracaidistas de México se encontraba estacionado en una intersección no más de 50 metros de distancia. Otros dos camiones se detuvo delante del centro de rehabilitación. Ocho hombres armados con fusiles de asalto y pistolas de 9 milímetros y con chalecos antibalas y pasamontañas saltaron de los vehículos y se precipitó en su interior.
El tiroteo comenzó en el patio, al igual que los pacientes se disponía a subir al podio en respuesta al llamado de García. Algunos se arrojaron al piso, otros corrieron por sus vidas o acurrucado contra una pared. García se mantuvo en el podio, gritando: "¡Muchachos! Pídale a Dios otra oportunidad de vivir! "En ese momento, cuatro hombres armados irrumpieron en el interior y, en sus palabras, comenzó a" disparar en todas direcciones ".
García levantó las manos y gritó por encima de los disparos, "Señor, envía sus ángeles para protegernos!" Un hombre armado miró a través de los agujeros para los ojos de su máscara de esquí y miró hacia atrás. Se detuvo a disparar. "Yo estaba ahí en frente de él", dijo García Cardona. "Él ya había disparado a un montón de gente, y una vida más habría significado nada para él, pero él no disparó. ¿Por qué? Tal vez Dios no lo permitió ".
Los vecinos llamaron al Centro de Respuesta de Emergencia, el equivalente de 911, pero no obtuvo respuesta. Las cuentas de las medidas adoptadas por los soldados estacionados en la esquina de la calle son diferentes. Según uno, los soldados estaban pasivamente como los asesinos subieron en sus camiones y huyeron. De acuerdo a otro, pasar por delante del centro de rehabilitación a gran velocidad, mientras que la masacre que estaba ocurriendo. La gente gritaba a su alcance para poner fin a esa situación, pero los soldados siguió su camino. Esto llevó a uno de los vecinos a la conclusión de que "custodiaban a los asesinos o vino con ellos para que la policía no iba a intervenir".
En total, nueve personas murieron y cinco resultaron heridos. Entre los muertos estaba Joel Valle, el diácono. Fue el peor asesinato en masa en Juárez, en el año, Cardona dice que miro las veladoras apagan, las manchas de sangre y agujeros de bala que enmarcan la imagen de Cristo.
Por supuesto, tengo algunas preguntas: ¿Alguno de los asesinos identificados o capturados? No. ¿Fue el motivo determinado? No, aunque hay rumores de que eran después de que miembros de una pandilla callejera, los Aztecas, dijo que se esconde en la instalación. ¿Fueron los soldados implicados en la masacre? Eso es lo que los testigos presenciales afirmó, Cardona respuestas. I aferrarse a los hechos, pero se dan cuenta que es inútil. Cardona dice: "Este es el agujero negro de México. Usted no puede ver dentro de ella, y nada sale. "
A pesar de la presencia militar pesado y la policía, seis clínicas de rehabilitación han sido atacadas en Juárez en los últimos dos años. El peor incidente se produjo el 2 de septiembre, cuando fueron ejecutadas 18 personas. Las autoridades gubernamentales alegaron las matanzas fueron parte de una guerra de exterminio entre los cárteles de Sinaloa y Juárez.
La conducta de los militares mexicanos está en el corazón de la lucha contra el narcotráfico la política de EE.UU.. En el último año, los expertos como el general Barry McCaffrey (el zar de las drogas en la administración Clinton), y figuras políticas han advertido que si los carteles no son contenidas, México podría convertirse en un Estado fallido y los EE.UU. podría encontrarse con un Afganistán o Pakistán en su frontera sur. Estas previsiones son la hipérbole, pero el hecho es que el narcotráfico y la corrupción concomitantes son un cáncer que se ha extendido en el sistema linfático de México. Para ampliar la metáfora, Calderón está tratando de realizar una cirugía radical con el único instrumento a su disposición-el ejército. Puede ser un instrumento contaminado, por lo que el razonamiento, pero es menos contaminados que los organismos policiales.
Washington apoya, de hecho anima, este enfoque a través de la Iniciativa Mérida, un acuerdo de cooperación de seguridad entre los dos países que el Congreso aprobó y George W. Bush firmó la ley. Su objetivo es proporcionar a los $ 1.4 billones en fondos, repartidos en varios años, para la formación de imposición militar y policial, equipos como helicópteros y aviones de vigilancia, y las reformas judiciales. El paquete de ayuda también incluye mejoras en las condiciones de México, menos que envidiable historial en cuestiones de derechos humanos. Quince por ciento de los fondos puede ser rechazada si México no muestra avances en cuestiones como la persecución de los violadores de derechos humanos y prohibir el uso de la tortura para obtener pruebas y testimonios.
Y ahí es donde la política de EE.UU. se convierte en contradictoria. Se aboga por una solución militar al problema de la trata. Pero hay muy pocos, si las hubiere, las garantías civiles en las acciones de los militares mexicanos. A sus soldados sólo están sometidos a la jurisdicción militar, incluso cuando se despliegan en su lucha contra la delincuencia actual de la capacidad, y militar del país, sistema de justicia es, a subestimar las cosas, opaco.
Un buen ejemplo es el caso de Javier Rosales, un técnico médico que murió después de que él y un amigo fueron capturados y torturados por los soldados. Los miembros de su familia se fue a la oficina de justicia estatal y la oficina del fiscal general federal para presentar una queja contra los soldados y la demanda de una investigación. Fueron rechazados porque, dijeron los funcionarios, los cargos de la caída de la mala conducta del ejército en virtud de la jurisdicción militar. Sin embargo, Enrique Torres, vocero de la Operación Conjunta Chihuahua, me dijo que el ejército se ve en esas acusaciones sólo a través de las investigaciones internas o cuando los cargos formales se han presentado por los fiscales estatales o federales. Es pura de captura-22: autoridades estatales o federales no recibirán las denuncias contra los soldados, y el Ejército no investigará si se han presentado cargos por autoridades estatales o federales.
Esa es una de las razones por las que, de los más de 2.000 denuncias presentadas ante el Nacional de México, Comisión de Derechos Humanos, ni uno se ha traducido en el procesamiento de un solo soldado.
Las disposiciones de la Iniciativa Mérida, parece dar a la influencia de EE.UU. considerables en el ejército de obligar a los mexicanos a actuar con más moderación y un mayor respeto de los derechos civiles de los ciudadanos del país. Apalancamiento financiero, lo que es. La autoridad moral de los EE.UU. ha sido erosionado por las acusaciones de que ha empleado la tortura y detenciones ilegales en la "guerra contra el terror", así como por su condición de mercado más grande de los carteles del narcotráfico y sus esfuerzos singular éxito a secar la demanda.
Cada año, en virtud de la Ley de Asistencia Exterior, el Departamento de Estado está obligado a certificar que su vecino del sur está cooperando plenamente en los esfuerzos para detener la exportación de narcóticos ilegales en los Estados Unidos. Sin la certificación, México no serían elegibles para recibir la gran mayoría de la ayuda norteamericana. Pero el gobierno de EE.UU. a menudo sordina a las críticas de México en cuestiones tales como la corrupción y los delitos de derechos humanos, por dos razones. Uno de ellos es la sensibilidad EE.UU. para la élite mexicana, que puede ser de piel fina de lo que se refiere a las infracciones desde el norte de su soberanía nacional. El segundo es el dinero. En el caso muy improbable de que México se retiró la licencia, la corte de ayuda de EE.UU., podría forzar las relaciones bilaterales, los acuerdos comerciales sería en peligro, y los empresarios estadounidenses que les resulta más difícil de operar al sur de la frontera. Además, de todos los países que exportan petróleo a Estados Unidos, México, en 985.000 barriles al día, ocupa el tercer lugar, detrás de Canadá y Arabia Saudita.
Eso hace que decir la verdad sobre México política y económicamente peligrosas en los círculos de EE.UU..
Pero surge una pregunta más amplia. Incluso si mañana el ejército mexicano comenzó a librar su lucha contra el narcotráfico campaña con la probidad de, por ejemplo, la Guardia Suiza, podría superar el poder de los carteles? Los jefes de la droga y sus organizaciones se han integrado en la sociedad mexicana, corrompiendo todos los aspectos de la vida de la nación.
El gobierno de los EE.UU. estima que el cultivo y el tráfico de drogas ilegales, emplea directamente a 450.000 personas en México. Un número desconocido de personas, posiblemente millones, están indirectamente relacionados con la industria farmacéutica, que tiene unos ingresos estimados para ser tan alto como $ 25 mil millones al año, superado sólo por el ingreso anual de México en la fabricación y exportación de petróleo. Dr. Edgardo Buscaglia, profesor de derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y un asesor jurídico y económico de alto nivel para las Naciones Unidas y el Banco Mundial, concluyó en un informe reciente que 17 de los 31 estados de México se han convertido en virtual narco-repúblicas, donde el crimen organizado se ha infiltrado en el gobierno, los tribunales y la policía tan extensamente que casi no hay manera de que puedan ser limpiados. Las bandas de narcotraficantes han adquirido una "capacidad militar" que les permita enfrentar al ejército en pie de casi igual.
"Esto en sí mismo no demuestra que estamos en una situación de un Estado fallido de hoy", escribió Buscaglia. Él parecía estar sugiriendo que la situación podría cambiar mañana-y no para mejor.
Philip Caputo es el autor de 14 libros, incluyendo A Rumor de guerra, actos de fe, y más recientemente, que cruzan la, una novela sobre la vida en la frontera mexicana.
In the almost three years since President Felipe Calderón launched a war on drug cartels, border towns in Mexico have turned into halls of mirrors where no one knows who is on which side or what chance remark could get you murdered. Some 14,000 people have been killed in that time—the worst carnage since the Mexican Revolution—and part of the country is effectively under martial law. Is this evidence of a creeping coup by the military? A war between drug cartels? Between the president and his opposition? Or just collateral damage from the (U.S.-supported) war on drugs? Nobody knows: Mexico is where facts, like people, simply disappear. The stakes for the U.S. are high, especially as the prospect of a failed state on our southern border begins to seem all too real.
by Philip Caputo
Poor Mexico. So far from God and so close to the United States.
—Porfirio Díaz, dictator of Mexico from 1876 to 1880 and 1884 to 1911
Those famous words came to mind when another man named Díaz offered me an equally concise observation about the realities of life in the country today: “In Mexico it is dangerous to speak the truth. It is even dangerous to know the truth.”
His full name is Fernando Díaz Santana. He hosts two AM-radio news-and-commentary shows in the small Chihuahuan city of Nuevo Casas Grandes. A stocky, broad-faced man in late middle age, he projects an air of warmth, openness, and intelligence. As he tells me that it’s dangerous to speak or know the truth, the half-rueful, half-apologetic expression in his eyes makes it plain that he’d rather not keep his mouth shut and his mind closed.
He’s received text messages from listeners cautioning him to be careful of what he says on the air. He takes these friendly warnings seriously; failure to heed them could bring a death sentence like the one meted out to Armando Rodríguez, a crime reporter murdered by an unidentified gunman in November 2008 in Juárez, the violent border city across the Rio Grande from El Paso, Texas. The fear of suffering a similar fate is a powerful incentive for self-censorship, for training a naturally inquisitive mind to acquire ignorance.
“So now we give just the objective facts,” Díaz says as he sits facing me in a stuffy, windowless rear room of the radio station, in Nuevo Casas Grandes’s central business district. He and the co-host of his afternoon show, David Andrew (pronounced Da-veed An-dray-oo), explain that the “objective facts” are those reported by the police or city hall or some other official source. Though the accuracy of such facts is often questionable, no questions dare be asked. “We say nothing more,” Díaz adds. “As long as we don’t get too deeply into a story, we are safe.”
I am reminded of Winnie Verloc, the character in Joseph Conrad’s The Secret Agent who “felt profoundly that things do not stand much looking into.”
More than 14,000 people have been killed in the almost three years since President Felipe Calderón mobilized the army to fight Mexico’s half-dozen major drug cartels. Virtually none of those homicides has been solved, partly because witnesses suffer short-term memory loss when questioned, and partly because the police, for various reasons, also feel profoundly that things do not stand much looking into.
Rodríguez’s death is illustrative. His colleagues believe he was killed for an article he wrote linking relatives of Patricia González, the Chihuahuan state attorney general, to narcotics trafficking.
That is not idle theorizing. Jorge Luis Aguirre, a writer for LaPolaka.com, an online Juárez news service, had written extensively about corruption in the Chihuahuan state government, and did not spare González either. On the night of November 13, 2008, as he was driving to Rodríguez’s wake, he got a call on his cell phone. The male caller said, “You’re next, son of a bitch!” and hung up.
Aguirre immediately packed up his wife and sons and fled to El Paso, where he sought asylum. In March, testifying at a hearing of the U.S. Senate Judiciary Subcommittee on Crime and Drugs, he stated that he’d identified the source of the threats:
“Victor Valencia, a representative of the governor of the state of Chihuahua, had sent people to warn me to ‘tone down’ my criticisms of the prosecutor, Patricia González, because if I didn’t, he was going to kill me, using the Juárez cartel’s preferred method of kidnapping followed by execution.”
The aftermath reveals a lot about today’s Mexico. Patricia González remains in her post. Victor Valencia has been promoted to chief of public security in Juárez. The federal deputy attorney general handling the Rodríguez murder case, Jesús Martín Huerta Yedra, was shot to death in his car, along with his secretary. The investigation has since gone nowhere, to no one’s surprise. As the newspaper El Diario editorialized,
Friends of the journalist, who preferred not to give their names for security reasons, mentioned that they do not feel frustrated by the lack of advances in the case since from the beginning, they felt that the authorities had no intention of doing anything to clarify the crime.
To clarify the crime. Of the many things Mexico lacks these days, clarity is near the top of the list. It is dangerous to know the truth. Finding it is frustrating. Statements by U.S. and Mexican government officials, repeated by a news media that prefers simple story lines, have fostered the impression in the United States that the conflict in Mexico is between Calderón’s white hats and the crime syndicates’ black hats. The reality is far more complicated, as suggested by this statistic: out of those 14,000 dead, fewer than 100 have been soldiers. Presumably, army casualties would be far higher if the war were as straightforward as it’s often made out to be.
What, then, accounts for the carnage, the worst Mexico has suffered since the revolution, a century ago? To be sure, many of the dead have been cartel criminals. Some were killed in firefights with the army, others in battles between the cartels for control of smuggling routes, and still others in power struggles within the cartels. The toll includes more than 1,000 police officers, some of whom, according to Mexican press reports, were executed by soldiers for suspected links to drug traffickers. Conversely, a number of the fallen soldiers may have been killed by policemen moonlighting as cartel hit men, though that cannot be proved. Meanwhile, human-rights groups have accused the military of unleashing a reign of terror—carrying out forced disappearances, illegal detentions, acts of torture, and assassinations—not only to fight organized crime but also to suppress dissidents and other political troublemakers. What began as a war on drug trafficking has evolved into a low-intensity civil war with more than two sides and no white hats, only shades of black. The ordinary Mexican citizen—never sure who is on what side, or who is fighting whom and for what reason—retreats into a private world where he becomes willfully blind, deaf, and above all, dumb.
Which brings us back to Fernando Díaz and his avoidance of truth.
I have come to see him at the suggestion of Emilio Gutiérrez, who fled to the U.S. because army officers threatened him with death. During an interview at his hiding place north of the border, Gutiérrez told me about a mysterious event that occurred on February 12, 2008. Teams of gunmen, riding in SUVs and pickup trucks and described by witnesses as “dressed like soldiers,” swept through Nuevo Casas Grandes and six neighboring communities between midnight and dawn, kidnapping and executing people.
The convoys covered 170 miles altogether, rolling through military checkpoints unimpeded. In Nuevo Casas Grandes, the “armed commandos,” as they were called by the Mexican media, set fire to the house of a police subcommander and shot him to death as he ran outside. Two other people, one of them the uncle of a midlevel narcotics trafficker, were also executed. The press reported that 14 more were abducted, but the actual number was believed to be much higher. All the victims, except two who were apparently snatched by mistake and later released, vanished without a trace.
Gutiérrez, a reporter in El Diario’s Ascensión bureau, covered the operation. From what he’d seen with his own eyes and from interviews with eyewitnesses, he concluded that the perpetrators were dressed like soldiers for the simple reason that they were soldiers. An operation on that scale, he reasoned, could not have been conducted by gangs of pistoleros hastily thrown together: it required thorough planning, accurate intelligence, discipline, and coordination. Nor could pistoleros have driven through army roadblocks without being stopped. If the raid wasn’t military, it must have been conducted with the army’s cooperation.
That wasn’t what Gutiérrez reported, however. He told me that his boss, José Martínez Valdéz, the editor of El Diario’s editions in northwest Chihuahua, instructed him to “not cause problems by writing that this was military.” Gutiérrez’s silence did not win him any points with the army. Five months later, he was warned that the military was going to kill him, and he was forced to leave the country.
But why, I asked, would soldiers maraud the countryside on a murder-and-kidnapping spree? He replied that the raid was not part of the Mexican government’s war on the drug cartels but a struggle between two powerful cartels: the Juárez organization, headed by Vicente Carillo, and the Sinaloa federation, whose boss, Joaquín “El Chapo” Guzmán, is the most-wanted man in Mexico. Gutiérrez said that in this instance the gunmen, whoever they were, had been after people they thought were working for the Juárez cartel.
“It’s an open secret in Mexico,” he said, “that the army is fighting the [Juárez] cartel to weaken them and pave the way for Guzmán.”
Open secret or no, an allegation that soldiers may have acted on behalf of a drug lord needs to be substantiated. After all, Calderón’s counter-narcotics strategy relies, with U.S. support, almost exclusively on the military.
With a short list of contacts provided by Gutiérrez, my interpreter, Molly Molloy, and I enter Mexico through the Palomas border crossing and head south into the Chihuahuan Desert. I have just been in Juárez and am relieved to not be going back to that industrialized border city—utterly charmless in the best of times, and these are far from the best of times. Juárez’s main product now is the corpse. Last year, drug-related violence there claimed more than 1,600 lives, and the toll for the first nine months of this year soared beyond 1,800, and mounts daily. That makes Juárez, population 1.5 million, the most violent city in the world. Two lines of graffiti summed up a place where not only law and order but civilization itself has broken down: Mi ciudad pide clemencia en su dementia (“My city asks for mercy in its madness”), and Mi ciudad es un negro lamento un aullido infinito (“My city is a black lament, an eternal howl”).
Nuevo Casas Grandes lies on a plateau near a fertile valley—cowboy-and-farmer country where cattle graze on the high desert ranges and apple and pecan orchards form tidy ranks on the city’s outskirts. The city itself, with some 51,000 people, is known to archaeologically minded tourists for its proximity to Paquimé, the site of ancient pueblo ruins. It looks prosperous by the standards of interior Mexico, with wide streets, a few decent hotels and restaurants, an airport, and several auto dealerships selling Fords and Jeeps and other familiar makes. If it weren’t for all the Mexican license plates, I could believe we were in a town in the southwestern United States.
Our first call is at the offices of El Diario, housed in a whitewashed villa on the main drag. Molloy and I are hoping to meet with José Martínez Valdéz, who is Gutiérrez’s former editor, and the news director, Victor Valdovinos. They can answer some of our questions and provide introductions to city officials. But repeated attempts to see Martínez are unsuccessful—he manages to dodge us all afternoon. We do get a very brief audience with Valdovinos. When we tell him what we are there for, he flinches and says, “You don’t want to talk to me,” then vanishes.
That leaves Fernando Díaz, whom we find at the radio station as he and David Andrew wrap up their afternoon show. They are willing to talk to us, and we go into the back room. Andrew, a heavyset, 30-ish man with dense carbon-black hair, shuts the door, either to muffle the noise from outside or to make sure no one overhears our conversation.
In the Mexico Mexicans have to live in, Díaz begins, life is “very hard, very bad,” a statement he underscores with a statistic: last year, 115 homicides were committed in Nuevo Casas Grandes and its surrounding communities. That works out to a murder rate more than 20 times as high as New York City’s.
It’s at this juncture that he makes his comment about the dangers of speaking or knowing the truth. I begin inquiring about the February 2008 incident, but Díaz and his younger colleague aren’t eager to discuss it.
I don’t get anywhere, though Díaz casts doubt on Gutiérrez’s assertion that the raid was a military operation. All of this talk about human-rights abuses by the army is “a myth,” Díaz insists. He is in fact cheered that an army battalion has been making rounds to bolster security in Nuevo Casas Grandes: “We are abandoned and unprotected here in northwest Chihuahua. It is a very big wish that the soldiers will bring peace. The army is the only group we can trust.” He adds by way of illustration that several sicarios, as professional assassins are called in Mexico, were arrested and confessed to killing 19 people in town.
Two of the sicarios, Andrew interjects, were his neighbors: “One guy worked in a car wash, the other guy was an army deserter.” Two others turned out to be auto salesmen—“nice guys in the day, killers by night,” Díaz says, as if he’s voicing over a trailer for Dr. Jekyll and Mr. Hyde. “You are talking to me, a radio announcer, but you can’t be sure that I’m not a sicario,” Díaz adds. “You say you’re an American reporter, but I don’t know that you’re not a sicario. You cannot trust anybody.” He doesn’t seem to notice that he’s contradicted his earlier remark that only the army can be trusted.
The question is, can the army be trusted, and if so, can it win this latest—and biggest—battle in the seemingly endless “war on drugs”? Calderón has deployed more than 45,000 troops (out of a total force of 230,000) throughout the country. Of that number, about 7,000, reinforced by 2,300 federal policemen, occupy Juárez as part of Operación Conjunta Chihuahua—the Joint Chihuahuan Operation. The army has taken over all the policing functions. The city is under undeclared martial law.
Although many ordinary Mexicans welcome the army’s intervention, certain that things would be far worse without it, approval has been far from universal. Claims of grievous abuses by the armed forces—unlawful detentions, disappearances, thefts, rapes, and murders—have increased sixfold in the past three years, according to Human Rights Watch. One hundred and seventy complaints have been filed in Chihuahua alone, says Gustavo de la Rosa, the former Chihuahua state ombudsman for Mexico’s National Human Rights Commission.
Leaving aside the question of whether militarizing the anti-narcotics campaign is the best way to go about things (a similar strategy in Colombia has been only partially successful), the fact is that, by destroying public trust in the armed forces, military misconduct undermines the entire effort, as I learned from a 50-year-old cleaning woman who now lives in Arizona and who asked to remain anonymous. She was visiting her aunt in Juárez last December when soldiers broke into a neighbor’s house, claiming that they were looking for a suspect.
“They didn’t say who,” the woman told me. “They tore her house apart, took her jewelry and her money, and said that if she complained about what they did they were going to come back and kill her. People are more afraid of the police and soldiers than they are of the narcos, because they’re very mean guys—not all, but many.”
The fear goes beyond undisciplined soldiers running amok. In an interview, de la Rosa told me that the president, elected in 2006 by a margin as thin as an ATM card, called out the army not merely to fight the cartels and eliminate a threat to national sovereignty but to consolidate his power and confer legitimacy on his presidency. “Calderón wants to show the Congress that the military is with him,” de la Rosa said. “And the military promised to support Calderón in exchange for being allowed out of the barracks, because the army wants to govern. Chihuahua is an experiment. What is happening here is in essence a military coup, a regional coup.” To support this contention, he cited a change he has had to make in his own work. Under normal circumstances, he would file complaints of abuse with the state governor, but now, he said, “the governor is ineffective, so I have to go to General Felipe de Jesús Espitia, the comandante of the 5th Military District.”
I was somewhat incredulous that the military was staging a creeping coup. To what end? I asked.
De la Rosa shrugged. “Actually, nobody really knows or understands what the military is up to,” he answered, hedging a bit. Then he asserted that the army intends not to stamp out drug trafficking but to “control” it. “So now if a drug cartel wants to move drugs into the U.S., who would they go to? To the governor? No, to the general.” (El Universal, Mexico’s largest newspaper, reported in September that de la Rosa had received death threats from the army, apparently because of his sharp criticisms; sources have told me he has taken temporary refuge in the U.S.)
As de la Rosa suggested, there is a dismal history of collusion between the armed forces and organized crime. In the late 1980s, the Mexican defense secretary was caught peddling protection to three drug organizations, which paid him a total of $10 million. In 1997, Mexico’s chief anti-narcotics officer was indicted for providing the Juárez cartel with classified drug-enforcement information in exchange for millions of dollars in bribes. In a 2001 essay in the Journal of Contemporary Criminal Justice, a University of Texas criminologist, Patrick O’Day, cited several instances of Mexican soldiers’ guarding narcotics shipments and transporting them into the United States in military vehicles or by other means. These operations were so extensive and went on for so long that O’Day concluded that the army was a cartel unto itself.
But let us make the risky assumption that today’s army is no longer involved in drug trafficking. The belief that it is exploiting a weak government to advance agendas beyond its declared mission is widespread, and not without reason. While many of the crimes alleged to have been committed by the armed forces appear to be the random acts of rogue troops, others may be part of a directed campaign with three possible objectives.
One objective is laudable—to get information about drug trafficking. The problem is that, in de la Rosa’s words, “the army’s investigative techniques are kidnapping and torture.” But according to Cipriana Jurado, a veteran labor organizer and women’s-rights activist, the military has another purpose: trying to stifle dissent, she said, citing numerous arrests of political troublemakers. And, as Gutiérrez’s case indicates, the generals also may be seeking to clamp down on Mexico’s freewheeling press.
In seeking, much less speaking, the truth about what the army is up to, one often runs into the paradox of the Mexican reality: something dreadful happens and is then treated as if it hadn’t happened. Facts, like people, simply disappear.
I experience this myself as I tour the ruins of a Juárez drug-rehabilitation center with my friend Julián Cardona, a photographer and Reuters correspondent. The rehab clinic is in a shabby two-story building on an unpaved street lined with cinder-block hovels, old cars, and derelict buses. A wind-whipped urban grit that feels dirtier than desert dust pelts our faces as we enter the rectangular patio strewn with rubble, its walls gouged by bullet holes. Small rooms lead off the patio, each with a hand-painted phrase above its door—Cocina for kitchen, Sala de Juntas for meeting room, D-Tox, which needs no translation.
We enter the meeting room. Votive candles gutter in glass jars arranged around an image of Jesus Christ propped up in one corner. The walls are peppered with bullet holes and spattered with dried blood. Cardona tells me what happened here on a Wednesday evening, August 13, 2008, as an Assembly of God pastor named Socorro García and her deacon, Joel Valle, conducted a service for the patients. After they and about 20 addicts gathered in the meeting room to sing hymns and hold a prayer service, García took the podium for altar call. “Is there anyone here who was a Christian in the past,” she asked, “but who fell away into drugs and who would like to reconcile with God?” Several patients raised their hands. García summoned them.
Outside, a Ford pickup carrying a detachment of Mexican paratroopers was parked at an intersection no more than 50 yards away. Two other trucks pulled up in front of the rehab center. Eight men armed with assault rifles and 9-millimeter pistols and wearing bulletproof vests and ski masks piled out of the vehicles and rushed inside.
The shooting started in the patio, just as the patients were walking up to the podium in answer to García’s call. Some flung themselves to the floor, others ran for their lives or huddled against a wall. García stood at the podium, crying out, “Muchachos! Ask God for another chance to live!” At that moment, four gunmen burst inside and, in her words, started “shooting in all directions.”
García raised her hands and hollered above the gunshots, “Lord, send your angels to protect us!” A gunman looked at her through the eyeholes of his ski mask and she looked back. He stopped shooting. “I was right there in front of him,” García told Cardona. “He had already shot a lot of people, and one more life would have meant nothing to him, but he didn’t shoot. Why? Maybe God did not allow it.”
Neighbors called the Emergency Response Center, the equivalent of 911, but got no response. Accounts of the actions taken by the soldiers parked at the street corner differ. According to one, the soldiers stood by passively as the assassins jumped in their trucks and fled. According to another, they drove past the rehab center at high speed while the massacre was going on. People shouted to them to put a stop to it, but the soldiers kept going. This led one of the neighbors to conclude that they “were guarding the killers or came with them so that the police would not intervene.”
In all, nine people were killed and five wounded. Among the dead was Joel Valle, the deacon. It was the worst mass murder in Juárez in years, Cardona says as I gaze at the flickering votives, the bloodstains and bullet holes framing the picture of Christ.
Of course, I have questions: Were any of the killers identified or captured? No. Was their motive determined? No, although there were rumors that they were after members of a street gang, the Aztecas, said to be hiding in the facility. Were the soldiers involved in the massacre? That’s what eyewitnesses claimed, Cardona replies. I keep grasping for facts, but realize it’s futile. Cardona says, “This is the black hole of Mexico. You cannot see inside of it, and nothing gets out.”
Despite the heavy military and police presence, six rehabilitation clinics have been attacked in Juárez over the past two years. The deadliest incident occurred on September 2, when 18 people were executed. Government authorities claimed the massacres were part of a war of extermination between the Sinaloa and Juárez cartels.
The conduct of the Mexican military goes to the heart of U.S. counter-narcotics policy. In the past year, experts like General Barry McCaffrey (the drug czar in the Clinton administration) and political figures have warned that if the cartels are not contained, Mexico could become a failed state and the U.S. could find itself with an Afghanistan or a Pakistan on its southern border. Such forecasts are hyperbole, but the fact is that drug trafficking and its attendant corruption are a malignancy that has spread into Mexico’s lymph system. To extend the metaphor, Calderón is attempting to perform radical surgery with the only instrument at his disposal—the army. It may be a tainted instrument, so the reasoning goes, but it is less tainted than the law-enforcement agencies.
Washington supports, indeed encourages, this approach through the Mérida Initiative, a security-cooperation agreement between the two countries that Congress passed and George W. Bush signed into law. Its aim is to provide $1.4 billion in funding, spread over several years, for military and law-enforcement training, equipment such as helicopters and surveillance aircraft, and judicial reforms. The aid package also includes conditions for improvements to Mexico’s less-than-enviable record on human-rights issues. Fifteen percent of the funds can be withheld if Mexico fails to show progress on matters such as prosecuting human-rights violators and prohibiting the use of torture to obtain evidence and testimony.
And that is where U.S. policy becomes contradictory. It calls for a military solution to the trafficking problem. But there are very few, if any, civil safeguards on the actions of the Mexican military. Its soldiers are subject only to military law, even when deployed in their current crime-fighting capacity, and the country’s military-justice system is, to understate things, opaque.
A good example is the case of Javier Rosales, a medical technician who died after he and a friend were captured and tortured by soldiers. Members of his family went to the state justice office and the federal attorney general’s office to file a complaint against the soldiers and demand an investigation. They were turned away because, the officials said, charges of army misconduct fall under military jurisdiction. However, Enrique Torres, a spokesman for the Joint Chihuahuan Operation, told me that the army looks into such allegations only through internal investigations or when formal charges have been filed by state or federal prosecutors. It’s pure catch-22: state or federal authorities will not receive complaints against soldiers, and the army will not investigate unless charges have been filed by state or federal authorities.
That is among the reasons why, out of the more than 2,000 complaints brought before Mexico’s National Human Rights Commission, not one has resulted in the prosecution of a single soldier.
The provisions of the Mérida Initiative would appear to give the U.S. considerable leverage in compelling the Mexican army to act with more restraint and greater respect for the civil rights of the country’s citizens. Financial leverage, that is. The moral authority of the U.S. has been eroded by accusations that it has employed torture and illegal detentions in the “war on terror,” as well as by its status as the drug cartels’ biggest market and its singularly unsuccessful efforts to dry up demand.
Every year, under the Foreign Assistance Act, the State Department is required to certify that its southern neighbor is fully cooperating in efforts to stem the export of illegal narcotics into the United States. Without certification, Mexico would be ineligible to receive the vast majority of American aid. But the U.S. government often soft-pedals criticisms of Mexico on matters such as corruption and human-rights offenses, for two reasons. One is U.S. sensitivity to the Mexican elite, which can be thin-skinned about what it regards as infringements from the north on its national sovereignty. The second is money. In the highly unlikely event that Mexico were decertified, the cutoff in U.S. aid would strain bilateral relations, trade agreements would be imperiled, and American businessmen would find it harder to operate south of the border. Also, of all the countries that export oil to the United States, Mexico, at 985,000 barrels a day, ranks third, behind Canada and Saudi Arabia.
That makes speaking the truth about Mexico politically and economically dangerous in official U.S. circles.
But a larger question arises. Even if tomorrow the Mexican military began waging its anti-narcotics campaign with the probity of, say, the Swiss Guard, could it overcome the power of cartels? The drug bosses and their organizations have become integrated into Mexican society, corrupting every aspect of the nation’s life.
The U.S. government estimates that the cultivation and trafficking of illegal drugs directly employs 450,000 people in Mexico. Unknown numbers of people, possibly in the millions, are indirectly linked to the drug industry, which has revenues estimated to be as high as $25 billion a year, exceeded only by Mexico’s annual income from manufacturing and oil exports. Dr. Edgardo Buscaglia, a law professor at the Autonomous Technological Institute in Mexico City and a senior legal and economic adviser to the UN and the World Bank, concluded in a recent report that 17 of Mexico’s 31 states have become virtual narco-republics, where organized crime has infiltrated government, the courts, and the police so extensively that there is almost no way they can be cleaned up. The drug gangs have acquired a “military capacity” that enables them to confront the army on an almost equal footing.
“This in itself does not prove that we are in a situation of a failed state today,” Buscaglia wrote. He seemed to be suggesting that the situation could change tomorrow—and not for the better.
Philip Caputo is the author of 14 books, including A Rumor of War, Acts of Faith, and most recently, Crossers, a novel about life on the Mexican border.
